633 organizaciones sin fines de lucro se han unido para rechazar la resolución en la que se les obliga a registrarse ante la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, para evitar sea criminalizado su trabajo humanitario.
El pronunciamiento lo hicieron a través de un comunicado, en el que las distintas ONG advierten que esta acción es «un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales».
Por tanto, exigieron sea derogada la providencia, afirmando que, pone “en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil”.
«Eliminen la nueva Providencia No. 001-2021 publicada en Gaceta Oficial 42.098 que constituye un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los DDHH y libertades fundamentales». RRD
